Salomon Kalmanovitz
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¿Cuál doble tributación?
23 de noviembre de 2014 - El Espectador

 

El Ministro de Hacienda confirmó que la reforma tributaria será presentada sin mayor cambio con la modesta propuesta original.
Salomon Kalmanovitz
 

El Gobierno no escucha la argumentación razonada de instituciones y académicos que hemos insistido en que es insuficiente y que consolida la inequidad abismal del sistema tributario colombiano. Sin embargo, la propuesta oficial recibió apoyo de los cacaos y de algunos gremios de la producción.

Cárdenas insiste en que no va a establecer la doble tributación sobre los dividendos, que es una banal justificación para que el impuesto a la renta de las personas naturales sea ínfimo (1% del PIB contra 8,4% en países serios), para que los dueños de las empresas queden exentos del impuesto a la riqueza y que las empresas aporten 90% del impuesto a la renta. De hecho, hay muchas actividades que pagan tributos dos y tres veces sobre un bien o actividad y lo importante es la imposición efectiva final; así, la suma de los impuestos a la renta que pagan las personas jurídicas y las naturales es muy baja, en especial si nos comparamos con los países de la OCDE.

Adicionalmente, el impuesto a los dividendos es más justo que el que pagan las empresas porque contribuyen más los grandes accionistas y menos los pequeños, al tiempo que las empresas se ven más libres para ahorrar e invertir. Al Congreso le gusta colgarles impuestos, parafiscales y contribuciones a las empresas, mientras que se les imponen las tarifas de energía más altas del continente.

Los impuestos indirectos (arancel e IVA) recaen sobre los ingresos de las personas más pobres en una proporción mayor que la de los perceptores de ingresos altos y si bien se eximen bienes perecederos de la canasta familiar, otros bienes procesados son marcados fuertemente por el impuesto al valor agregado. El ministro tampoco quiso escuchar voceros del sector financiero que recomendaban aumentar el IVA y reducir sus exenciones, lo cual sólo informa que se quedará corto de los ingresos que requiere para llenar el hueco que le crea la reducción de la renta petrolera en un tercio, que es la caída de los precios del petróleo desde el mes de junio al presente.

Hay otra merma de los ingresos tributarios del Gobierno originada en las concesiones que hiciera la administración Uribe a multitud de empresas en la forma de deducciones, exenciones e incentivos, como el 40% de los gastos en capital nuevo, a los hoteles, a las empresas que se localizaran en zonas francas, incluyendo la de Mosquera (que pagan un impuesto a la renta de 15%, frente al 34% que les corresponde al resto). En 2010 el costo de estos incentivos equivalía a 1,6% del PIB, lo que se ha venido disminuyendo al 1% del PIB en 2013, pero es todavía un monto de $6,3 billones, equivalente al 14% del impuesto a la renta. Continúan disfrutando de estos beneficios 40 empresas que firmaron contratos de estabilidad jurídica que les reportó un ahorro a costa del fisco de $600.000 millones. Del total de la suma deducida, $2,1 billones favorecieron a personas naturales que no son precisamente las más pobres del país, según el blog de Francisco Azuero.

Nos estamos tornando en una sociedad disfuncional, incapaz de poner a tributar a los que controlan el excedente económico. Así es imposible financiar el plan de desarrollo 2014-2018 que supuestamente va a “construir una Colombia en paz, equitativa y educada”.


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