Salomon Kalmanovitz
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Las reformas políticas de Santos II
3 de agosto de 2014 - El Espectador

 

El régimen político colombiano es hipercentralista. La reelección exacerbó esta tendencia y es bienvenida su eliminación en la propuesta de Santos.
Salomon Kalmanovitz
 

Lo ideal es volver a un período de cuatro años que impide que el presidente acumule tanto poder e influencia en los nombramientos de las cortes y de los órganos de control que tan nefastas consecuencias tuvo durante la era Uribe. La procacidad con que se expresan el procurador antes y ahora el fiscal se derivan de esta acumulación de poder y su ejercicio necesariamente despótico. Es por lo tanto inconveniente alargar el período presidencial a cinco años y peor aún a seis años: borra con el codo la mitad de lo que se escribió con la mano.

Es también una mala idea pretender alargar el período de alcaldes y gobernadores pues los controles y contrapesos a nivel local y regional son débiles o inexistentes en la mayor parte del territorio. Peor aún es hacer coincidir todos los períodos de estas administraciones con la elección presidencial y del Legislativo, alargando el período de todos los mandatarios dos años por una vez. Los ciudadanos los hemos elegido por cuatro años, bajo un contrato que no se nos puede cambiar o prorrogar, lo cual es especialmente contraproducente en los casos en que la gestión de ciertos alcaldes y gobernadores ha sido catastrófica. ¿A cuenta de qué debemos sufrirlos por dos años adicionales al período que se les concedió originalmente? La propuesta es peor que la reelección, que permite al menos a los ciudadanos que se pronuncien sobre la gestión del presidente.

El sistema tal como está tiene alguna virtud: permite que el electorado opine sobre el partido gobernante a mitad de período, aunque está lejos de ser cierto porque los partidos en Colombia se han vuelto animales invertebrados, gelatinosos, y la política está personalizada. Habría que fortalecer los partidos y en ese sentido es buena la propuesta de reforma que obliga a las listas cerradas e impide el exceso de individualismo que incentiva el voto preferente. Otras medidas necesarias son las garantías para la oposición y el fomento a los partidos pequeños, además de cambios en el estatuto del Congreso que elimine odiosos privilegios.

Aunque se habla de aumentar el financiamiento público de las campañas, falta prohibir los aportes del crimen organizado, los grandes capitales y de los contratistas del Estado a los candidatos; es allí donde el sistema entra a representar intereses espurios, dándoles la espalda a las necesidades de los ciudadanos. Es también el cauce de la corrupción que impide que puedan construirse las obras públicas, los acueductos o que la educación y la salud lleguen a quienes más las necesitan.

La representación no es siquiera una pretensión pues los elegidos por estatuto entran a representar a la Nación (¿cuál Nación?), y no a quienes votaron por ellos. Por ello sería necesario entrar a definir unas circunscripciones manejables, atendidas por los representantes con oficinas de cara a los ciudadanos, cuyos intereses deben ser defendidos en la Cámara, tal como ha sido propuesta por John Sudarsky. No hay que modificar la circunscripción nacional para elegir el Senado porque ha contribuido a reducir la influencia paramilitar y terrateniente en ese recinto. Y si se quiere hacer una descentralización efectiva, hay que empoderar las gobernaciones con tributos propios y trasferencias del gobierno central.



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