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Las instituciones se rajan
16 de noviembre de 2014 - El Espectador

 

Una reciente encuesta informa que los colombianos desconfían de todas sus instituciones.
Salomon Kalmanovitz
 

El problema no es coyuntural, pues se remonta a la estructura de un orden social de acceso restringido, como lo denominan North, Wallis y Weinsgat (2009), y que Colombia está lejos de superar.

El problema comienza con un Estado débil, incapaz de recaudar los impuestos que requiere para asumir el monopolio del ejercicio de la violencia y contar con la capacidad para construir la infraestructura que lubrique el desarrollo económico. Apenas ahora nos asomamos a la posibilidad de negociar el fin de una insurgencia que ha sido debilitada porque el Ejército y la Policía se tornaron en organizaciones profesionales y eficaces. En términos económicos, el Estado colombiano duplicó su tamaño desde la Constitución de 1991, pero todavía no puede cumplir sus tareas misionales y su eficiencia está minada por un régimen político basado en el clientelismo competitivo.

El Estado fuerte y legítimo descansa sobre una burocracia meritoria, estable y bien paga que es inmune a la política y resistente a la corrupción, de la que obviamente carecemos. El Banco de la República y Hacienda muestran esas características, pero no el resto. Por algunos años nuestras cortes superiores funcionaron muy bien, pero con unas bases vulneradas por la politización y la acción sindical. Hoy las altas cortes están capturadas por el clientelismo; la condición para seleccionar sus cabezas es la mediocridad y los intercambios corruptos.

El sistema político refleja la profunda desigualdad que rige la sociedad colombiana: una élite que tributa una parte pequeña de su riqueza, enfrentada a unas masas sumidas en la informalidad y la pobreza; una clase terrateniente que acapara la propiedad, sabotea el catastro para no pagar impuestos e impide ejercer la ciudadanía a la población campesina e indígena. El desdén por los de abajo se refleja en los excesos de los paramilitares y de la Fuerza Pública; también en el lema “la justicia es para los de ruana”.

El clientelismo competitivo organiza a la sociedad por medio de gamonales que ofrecen beneficios a sus activistas, quienes compran los votos de una población demasiado pobre. La baja calidad de la representación, bien percibida en las encuestas, se deriva de las habilidades para organizar este tipo de participación electoral. El voto de opinión de las clases medias urbanas se vuelve decisorio en las elecciones presidenciales y en las de alcaldes.

Los contratistas financian a los políticos y estos les conceden las obras para que las roben o no las terminen. Hay una incapacidad evidente en la construcción de infraestructura en vías, dotación de agua y alcantarillado, mientras que los servicios de salud y educación son de mala calidad. Aunque el Estado aparece como todopoderoso, se trata de un Leviatán de papel, en palabras de Miguel Centeno de Princeton.

El orden social de acceso abierto cuenta con una sociedad civil vigorosa que organiza la vida política y determina el resultado de las elecciones. Los medios de violencia quedan en manos del Estado y se aplican de manera legítima. Todos los ciudadanos son iguales frente a la ley. La tributación es elevada y se aplica a gastos productivos que impulsan el desarrollo económico y la equidad social. ¿Se realizará este orden democrático en el posconflicto?


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