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Las finanzas de las universidades públicas
6 de abril de 2014 - El Espectador

 

Las universidades públicas no han contado con la simpatía de los gobiernos recientes. El pico de su participación en el gasto del gobierno central se ubicó en 3,3% en el año 2000, para caer al 2% en 2013.
Salomon Kalmanovitz
 

El Gobierno trata la educación superior como un bien inferior, gastándole sólo el 0,4% del PIB. Dentro de este conjunto, la Universidad Nacional ha recibido alrededor del 30% del presupuesto, con tendencia a la baja, mientras que el Sena ha resultado ampliamente favorecido.

Al mismo tiempo que se reducían los recursos, el número de estudiantes se ampliaba, en especial en las universidades estatales. En términos de gasto real por estudiante entre 2000 y 2012, la Universidad Nacional perdía un 5%, a pesar de que debía acometer nuevos gastos asociados a sus posgrados y doctorados. El resto de las universidades, sin embargo, sufría una reducción de 40% en los recursos por estudiante. Este estrangulamiento forzó a las universidades públicas a generar recursos propios, a vender consultoría y extensión y, sobre todo, a aumentar matrículas. En el caso de la UN, los recursos propios aproximan la mitad de su presupuesto de ingresos. Si se perpetúa esta tendencia, no habrá mucha diferencia entre universidad pública y privada, agravando la desigualdad social.

El aumento del número de estudiantes ha redundado en un deterioro de la calidad de la educación que reciben: cursos más grandes, poca atención individual por medio de tutorías y profesores cuchilla, con el consecuente incremento de la deserción. Que ésta alcance a la mitad de los admitidos es otra tragedia silenciosa que acusa al sistema de extrema dureza e ineficiencia.

Ante esta situación de penuria, las universidades públicas no se ayudan. Impera en algunas de ellas el clientelismo de izquierda que burla los concursos docentes y excluye a los mejores candidatos, para enganchar a los afines ideológicamente. No se puede despedir a los peores profesores, ni siquiera a los acosadores. Hay franca censura contra las tendencias modernas de las ciencias sociales. Se construye así una estructura endógena, ciega y de mala calidad que dificulta a sus egresados competir con los del sistema privado en el mercado de trabajo.

En el caso de la Universidad Nacional, es preocupante que los profesores hagan sus doctorados en la misma institución, dirigidos por sus colegas, lo que redunda en mala calidad y, de nuevo, en el endogenismo ideológico. Es preocupante también que no exista un rubro de depreciación de edificios para enfrentar el colapso de varios de ellos. Para rematar, una reforma administrativa de los años noventa duplicó todas las funciones del nivel nacional a las de las sedes, lo que entorpece la buena marcha de la institución. Un perverso equilibrio político impide hacer reformas que mejoren la calidad de la educación que imparten y reduzcan la deserción.

Una ley de 2013 estableció una estampilla sobre los contratos de obra pública que beneficiará en especial a la UN en sus primeros cinco años con el 70% del total (calculado en $1,2 billones), y del impuesto CREE se destinan 3,6 puntos de la tarifa a la universidad pública durante tres años. Estos recursos ayudarán a financiar infraestructuras, pero son temporales y no contribuyen a los gastos corrientes, que son los crecientemente deficitarios.

 

* Datos tomados de Jorge Armando Rodríguez, “Apuntes sobre las finanzas de la Universidad Nacional”, CID


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