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La tributación posible
21 de septiembre de 2014 - El Espectador

 

El ministro de Hacienda está desesperado en la búsqueda de recursos para cerrar un hueco fiscal considerable.
Salomon Kalmanovitz
 

Si se introducen supuestos más realistas sobre los ingresos futuros del Gobierno, como un precio del barril de petróleo inferior al proyectado, una mayor devaluación y servicio de la deuda pública más oneroso, una inflación más elevada y, para rematar, una economía que crecerá menos de la que ondeamos con orgullo nacional, entonces el déficit fiscal alcanzará más de 3% del PIB (unos $21 billones) en 2015. El recaudo tributario no alcanzará el 13% del PIB.

Preocupado por esta situación, me puse a la tarea de buscarle fuentes alternativas al ministro Cárdenas y me encontré con un panorama alentador. En primer término, averigüé que el valor accionario de las empresas inscritas en bolsa, sin el 90% de Ecopetrol, es de $370 billones. Por otro lado, consulté el valor de los activos entre las primeras 75 empresas del país que no cotizan en bolsa, donde hay bastantes extranjeras, y me dio que sumaban $140 billones adicionales. Entre todas representan $510 billones de activos que generan rentas a sus dueños y directivos. No incluí otras 825 empresas del listado de la revista Semana.

Como el impuesto al patrimonio que recae sobre las empresas es inconveniente, el ministro podría volcarlo contra sus dueños y ahí no importa si son personas naturales u otras sociedades, residenciadas en otros países o en paraísos fiscales. Si insiste en que el impuesto máximo al patrimonio es del 2,5%, entonces tendría ahí un potencial de $12,5 billones, 1,8% del PIB.

Pero digamos que la administración Santos se torna progresista (que no petrosiana) y que el ministro Cárdenas deja de ser conservador. Ellos deciden entonces que los ingresos por dividendos de los dueños de las empresas son renta gravable por la que deben responder, al igual que toda la población asalariada a la que obligaron a presentar declaración, haciendo que las fuentes de la tributación se tornen aún más abundantes.

Ahora supongamos que las empresas reparten las utilidades que han obtenido con una tasa moderada de ganancias del 10% anual sobre sus activos. Seguramente a la gran mayoría de los propietarios de estas empresas les corresponderá pagar un impuesto de 33% sobre esos ingresos. Así las cosas, la renta gravable que hasta ahora estaba exenta será de $50 billones y entrarán a las arcas del gobierno $16,5 billones adicionales, 2,2% del PIB. Entre estas dos fuentes, el Gobierno asegura 4% del PIB, llena adecuadamente el hueco fiscal, quita el impuesto a las transacciones y aún le sobra plata que puede invertir en la construcción de las autopistas de cuarta generación y hacer además política contracíclica.

Podría seguir suponiendo acciones progresistas del Gobierno: que los ingresos por inversiones financieras también dejan de estar exentos; que sincera el valor de la tierra y sus propietarios pagan impuestos; que elimina la evasión y reduce la elusión; que pone a tributar a la minería ilegal; que se eliminan muchas deducciones costosas para el fisco; que se controla el contrabando, y así sucesivamente.

Con esas medidas se podría alcanzar el recaudo tributario promedio de los países de la OCDE, que es de 34% del PIB. Claro que una condición para poder invertir bien los recursos públicos así obtenidos sería la de un Estado no basado en el clientelismo ni en la corrupción que lo acompaña.


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